“Sobran políticos”

El Senado, las Diputaciones y cientos de sociedades públicas deberían desaparecer

ANTONIO PENADÉS CHUST  25 MAR 2016 

En Acción Cívica, asociación apartidista que actúa como acusación popular en casos de desvío de dinero público, hemos dedicado muchas horas a la elaboración de propuestas contra la corrupción y para la racionalización del Estado, un esfuerzo que llevamos a cabo en colaboración con otras entidades surgidas de la sociedad civil como Fundación por la Justicia, Transparencia Internacional, Fundación Hay Derecho?, Xnet o Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Como resultado de este largo y elaborado proceso puedo concluir que la clave para la regeneración de nuestro país reside en la necesidad de despolitizarlo. Así de fácil y, a la vez, así de complejo. Cuando los ciudadanos consigamos apartar a los partidos políticos de aquellos lugares que no les corresponde obtendremos unos beneficios inmediatos y duraderos en términos de eficiencia, limpieza y calidad democrática.

El ámbito prioritario en el que hay que actuar es el de las instituciones: éstas deben ser dirigidas por representantes de los ciudadanos según los resultados obtenidos en las urnas. Esto es obvio, pero la cantidad de políticos que acceden a ellas crean graves desajustes en su funcionamiento y en su control. Ahí sí que hay que recortar. Los políticos que van a dirigir municipios, consejerías, ministerios, etc. deben llegar acompañados de unas pocas personas de su confianza —apenas dos o tres—, no siendo aceptable el actual desembarco de asesores y miembros del partido de turno, que llegan incluso a ocupar cargos técnicos.

Este adelgazamiento de la capa política en la cúspide de las instituciones llevaría aparejado un impulso a la profesionalización y la dignificación de los empleados públicos. Los puestos directivos que impliquen control de legalidad y manejo de fondos públicos –hasta el nivel de director general- deben reservarse a funcionarios de carrera en base a los principios constitucionales de mérito y capacidad, y será entonces cuando la clase política y el funcionariado podrán controlarse mutuamente, en igualdad de condiciones, en pro del buen funcionamiento de la maquinaria del Estado. Son muchas las puertas traseras por las que los partidos han estado colocando a los suyos en la Administración, unos agujeros que hay que cerrar cuanto antes.

Una segunda medida que también enviaría al paro a muchos políticos, salvando de esta situación a un número muy superior de ciudadanos que no lo merecen, sería la eliminación de instituciones inservibles mediante la oportuna reforma constitucional. Cerrar el Senado generaría un ahorro inmediato y una mayor celeridad en la tramitación de las iniciativas legislativas, no siendo admisible, esto lo sabe una inmensa mayoría, que mantengamos una segunda cámara para que 266 privilegiados disfruten de un retiro apacible. Asimismo, las funciones de las diputaciones provinciales deben ser asumidas por las distintas consejerías autonómicas (Madrid, Asturias, Cantabria, Rioja y Murcia funcionan así y no pasa absolutamente nada), mientras que deberían desaparecer de inmediato los cientos de sociedades públicas y fundaciones creadas para obviar controles y colocar a enchufados.

El ahorro generado por estas medidas sería monumental, pero sobre todo disminuiría la desafección generalizada hacia lo público. Es un gesto que devolvería una cierta autoridad moral a la clase política después de la cantidad de sacrificios impuestos a los ciudadanos, en especial a los más vulnerables como las personas dependientes, los desahuciados y los afectados por enfermedades raras con vías de investigación cerradas por los recortes. Es lamentable comprobar que los políticos, haciendo gala de un corporativismo mal entendido, continúan aún sin tomar una sola decisión que les afecte.

Encontramos también numerosos ejemplos de politización en la Cultura, con personas al frente con carnet de partido pero sin conocimientos de gestión cultural. Si de verdad se quieren fomentar las actividades artísticas y culturales, la herramienta fundamental no deben ser las subvenciones sino deducciones fiscales a las aportaciones particulares y el IVA reducido, un sistema mucho más justo que no gusta a los políticos porque les resta poder de decisión. Casi lo mismo se puede afirmar respecto a la Cooperación internacional, con el agravante de que el área más urgente y dramática, que es la ayuda a los refugiados, está desatendida por cuestiones de índole política.

Es lamentable comprobar que lla clase política, haciendo gala de un corporativismo mal entendido, continúa aún sin tomar una sola decisión que le afecte

En cuanto a la Educación, la deslealtad de algunos al negarse a firmar un pacto de Estado sigue dando pie a continuas leyes educativas (6 en democracia) que conllevan la desmotivación del profesorado y una pérdida monumental de recursos. El ataque que sufren las Humanidades (filosofía, historia, cultura clásica, latín, griego, literatura, historia del arte…) responde a la voluntad de crear una población dócil y carente de sentido crítico, incapaz de hacer frente a decisiones injustas o negligentes de los gobernantes. Y, por desgracia, los tentáculos de la política penetraron también en la Universidad.

Poco a poco, casi sin que nos demos cuenta, nos han ido politizando hasta en las cuestiones más cotidianas: en el lenguaje, con el uso de eufemismos para evitar llamar a las cosas por su nombre o con la machacona diferenciación entre género masculino y femenino; en el deporte, fomentando identificaciones entre equipos e ideologías; en los medios de comunicación, con la distribución de la publicidad institucional y con el desmesurado espacio que prestan a la política en detrimento de los ámbitos social, cultural y científico; en la tergiversación de pasajes históricos adecuándolos a intereses partidistas…

Hemos visto a la alta jerarquía eclesiástica haciendo declaraciones y organizando manifestaciones para protestar contra leyes legítimamente aprobadas por el legislativo. También financian medios de comunicación que fomentan a diario la crispación social y política. No creo que una Iglesia politizada sea la que desean los cristianos auténticos, y desde luego no es la actitud más leal hacia la sociedad que les mantiene.

También la justicia está politizada, lo que atenta contra los principios de separación de poderes y de igualdad ante la ley. Es urgente un pacto de Estado que conceda autonomía financiera a la Justicia –que sus recursos no dependan de lo que los gobiernos le quieran dar-, eliminar el aforamiento de políticos -un verdadero insulto a la ciudadanía-, desvincular el ministerio fiscal del ejecutivo y, por último, evitar que el Gobierno o los partidos decidan la composición de cualquier tribunal.

La patrimonialización de las administraciones por parte de los partidos ha sido la clave para alcanzar este insoportable nivel de corrupción

Desde la sociedad civil exigimos a la clase política menos cantidad y mayor calidad profesional y humana, pocos políticos pero buenos. La experiencia de los últimos años nos hace ver que cuando la politización se extiende fuera del ámbito que le es propio las consecuencias son funestas, siendo acaso el mejor ejemplo el de las ya extinguidas cajas de ahorro, donde la negligencia y la avaricia de un puñado de políticos instalados en sus consejos de administración provocó una sangría económica que estamos pagando entre todos.

La patrimonialización de las administraciones por parte de los partidos ha sido la clave para alcanzar este insoportable nivel de corrupción, cuyos efectos directos e indirectos rondan el 3,5% del PIB anual. No han sido casos puntuales sino un saqueo generalizado, fruto en gran parte del desmantelamiento de los controles administrativos. Por lo tanto debemos eliminar puestos políticos y otorgar a los 2,5 millones de funcionarios una potestad real para controlar la gestión de lo público y para, según les exige la ley, alertar de las irregularidades que detecten. No se puede demorar más la implantación de medidas de protección al denunciante, sobre todo la fijación en su nivel funcionarial y la inmediata puesta a su disposición de un abogado.

Sólo así, devolviendo a la clase política al lugar que le corresponde, cortando de raíz sus injerencias y profesionalizando la Administración, podremos empezar a confiar en una futura recuperación económica, social y ética en España.

Antonio Penadés es escritor y presidente de Acción Cívica contra la corrupción (accion-civica.org)

 

 

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